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El Gobierno de México anució que enviará una carta formal a Google para evitar que la empresa tecnológica modifique el nombre del Golfo de México en su aplicación Google Maps; esto ocurre luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, emitiera un decreto ordenando que en su país se renombre como Golfo de América (Gulf of America).
La presidenta Claudia Sheinbaum ha argumentado que Estados Unidos no tiene facultades para cambiar el nombre de aguas internacionales, destacando que esta decisión carece de validez fuera de la plataforma continental estadounidense.
Esta semana Google confirmó que aplicará la modificación en Google Maps cuando el nuevo nombre se actualice en el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) del Departamento del Interior de Estados Unidos. La compañía aclaró que tiene una política de adoptar cambios de nomenclatura cuando estos provienen de fuentes gubernamentales oficiales.
La decisión también afectará otros nombres geográficos, como el caso del Monte Denali, que bajo la orden de Trump será renombrado nuevamente como Monte McKinley, revirtiendo una modificación hecha en 2015.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum insistió en que la denominación de mares y océanos debe ser regulada por organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y no por decretos unilaterales.
En un gesto que parece una provocación de vuelta a Trump, la mandataria mexicana adelantó que en la carta dirigida a Google también se pedirá que Maps identifique el territorio de México como "América Mexicana", en referencia a un antiguo mapa de 1607 que mostraba este término antes de la llegada de los colonos británicos.
Este conflicto evidencia cómo las decisiones sobre nombres geográficos pueden convertirse en asuntos de política internacional. No es la primera vez que un país intenta cambiar una denominación reconocida globalmente; en otras ocasiones, gobiernos han impulsado modificaciones en mapas con fines políticos o estratégicos.
Para México, este cambio no solo afecta la identidad geográfica del país, sino que también plantea preguntas sobre el papel de las empresas tecnológicas en la validación de decisiones políticas unilaterales.
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