Leonor Otegui legisladora del partido de Morena, presentó durante la semana, en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa orientada a regular la actividad de influencers y creadores de contenido de medios digitales.
Dicha propuesta incluye sanciones que van desde amonestaciones públicas hasta multas que llegan a 1,1 millones de pesos, e incluso habló sobre la suspensión de canales o cuentas en plataformas digitales, cuando se difunda contenido delicado o prohibido ante esta posible regulación.
Ente los casos que podrían ser sancionables y entrarían en esta categoría, se menciona la difusión de discriminación o violencia, la publicidad ni autorizada de productos nocivos para la salud como alcohol, tabaco o medicamentos sin registro ante la COFEPRIS. También se buscaría multar la sexualización de menores, la falta de transparencia en contenido patrocinado que se presente como opinión personal, y el uso de Inteligencia Artificial para simular testimonios, recomendaciones o experiencias personales.
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Para algunos ciudadanos la iniciativa parece exagerada o de poco valor, pero para otros es importante, pues se supone en un contexto mexicano en donde, a palabras de la legisladora se cuenta con más de 100 millones conectadas, y en donde, de acuerdo con estudios citados, al menos 56% de los usuarios ha realizado alguna compra motivada por recomendación de algún influencer.
Otegui ha señalado que “no se trata de callar a nadie, ni de sofocar la innovación, sino de modernizar el marco legal y alinearlo a mejores prácticas…”
Antecedentes y marco regulatorio
Aunque aún no existe una ley específica para regular exclusivamente la actividad de los influencers, la publicidad generada por los mismos ya se encuentra sujeta a la legislación general mexicana. Por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una “Guía para influencers” que establece que cuando un influencer recomienda un producto o servicio se considera publicidad, y debe cumplir con los principios de veracidad, claridad y verificabilidad.
Por otro lado, la Ley Federal de Protección al Consumidor contempla que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio debe cumplir con esos mismos estándares.
Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) presentó la guía GRRUPI en 2024 que define la “publicidad de influencers” y las responsabilidades de anunciantes, agencias, creadores y medios de difusión, particularmente para productos relacionados con salud. Estas normas sirven de apoyo al marco regulatorio que ahora pretende reforzarse en el ámbito del contenido digital.
Alcances y retos
Esta iniciativa contempla que tanto la Secretaría de Gobernación, Profeco y Cofepris, participen en la vigilancia de la veracidad y legalidad de los contenidos difundidos en las plataformas digitales como redes sociales. Sin embargo, la propuesta podría generar temor sobre cómo podría afectar la supuesta libertad de expresión. Además, esta búsqueda de la regulación no es nueva, pues se ha intentado cada vez más delimitar cómo puede ser posible difundir información en internet, en “estos nuevos canales”.
Para que la iniciativa avance o pueda estar más clara, se debería presentar más definida, por ejemplo, dejar en claro qué se constituirá como “contenido patrocinado sin transparencia” o “simulación de testimonios mediante IA”. Asimismo, mostrar un esquema sobre cómo sería coordinar la vigilancia y sanción entre autoridades federales, locales y plataformas digitales que operan globalmente.
Otro punto clave que se debe tener en cuenta, es que la regulación siempre deberá mantenerse actualizada, ya que en esta etapa, las tecnologías se encuentran frente a una rápida evolución, tan solo lo estamos percibiendo en Inteligencia Artificial, deepfakes o nuevas formas de marketing de influencers.
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