Compañías telefónicas piden prórroga para el registro del CURP

A partir del 9 de enero del 2026, entró en vigor en México una nueva ley que obliga a que todas las líneas de telefonía celular a que sean vinculadas al titular mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP), junto con una identificación oficial como la credencial del elector (INE), pasaporte o, en algunos casos la nueva CURP biométrica.

Esta obligación forma parte de los nuevos Lineamientos para la Identificación Móviles, y está impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Toda esta actualización es con el supuesto fin de lograr eliminar el anonimato de los números móviles y contribuir a la prevención de delitos como la extorsión y el fraude telefónico. 

Se supone que el plazo oficial para completar este registro vence el 30 de junio de 2026, y después de esta fecha, las líneas que no se hayan vinculado correctamente podrán ser suspendidas o desactivadas, y funcionarán solo para llamadas de emergencia y atención ciudadana.

¿Para qué quieren una prórroga?

Varias empresas de telecomunicaciones, incluyendo grupos como Canieti y AMOMVAC (Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales, A.C.), han enviado solicitudes formales a la CRT pidiendo prórrogas y ajustes en los plazos, así como en la forma en que se está implementando.

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El rumor de este cambio comenzó a circular a mediados del año pasado, pero ahora, que se trata de una solicitud formal y real, las compañías de telefonía móvil se han enfrentado a retos técnicos, pero sobre todo, económicos, pues hacer este cambio dentro de su sistema no es una infraestructura barata. 

Las empresas están pidiendo una prórroga porque mencionan que las plataformas tecnológicas necesarias para realizar la validación y vinculación de las líneas han presentado fallas e intermitencias durante las pruebas iniciales, lo que ha complicado el cumplimiento a tirmpo de la obligación.

Por otro lado, esto se debe a que el desarrollo y el despliegue de estos sistemas se tuvo que realizar en un periodo muy corto, de aproximadamente 30 días antes del inicio formal del registro, por lo que, es normal las fallas dentro de los mismos. 

Otro punto señalado es, el costo ligado a cada intento de validación de identidad por parte de los usuarios, pues cada intento puede representar un gasto de 3.45 pesos más IVA por línea, que a pesar de verse no tan alta, mencionan que se debe tomar en cuenta se multiplica considerablemente cuando se trata de procesar más de 135 millones de líneas a nivel nacional.

Además, los operadores móviles virtuales (OMV), reunidos bajo la AMOMVAC, han planteado que el modelo vigente, además de obligar a cada empresa a desarrollar, contratar y operar su propia infraestructura de vinculación, también genera costos duplicados, falta operación y retos adicionales cuando se trata de la protección de datos personales y ciberseguridad. 

Ante toda esta situación, han propuesto a la CRT considerar alternativas como un sistema más centralizado para proveer soluciones compartidas, así como para garantizar que el proceso sea gratuito y que sólo se realice una vez. 

Exclusión social

Otro argumento recurrente en las solicitudes de prórroga se enfoca en que socialmente no es beneficioso que el proceso sea tan corto y tan acelerado. Por su parte, los operadores han advertido que comunidades rurales, zonas con conectividad limitada y poblaciones indígenas podrían enfrentar barreras significativas para completar el registro dentro de los plazos establecidos, especialmente si no cuentan con CURP, credencial de elector o acceso adecuado a servicios digitales. 

En este sentido, enfatizan que la falta de extensiones podría contribuir a la exclusión digital de poblaciones vulnerables y afectar el derecho al acceso a las telecomunicaciones.

Sin embargo, hasta hoy, 13 de enero de 2026, la CRT aún no ha emitido una respuesta formal o una modificación de los plazos solicitados por las asociaciones y operadores, y el proceso de registro continúa conforme a lo programado. 

Pese a las quejas y solicitudes de ajustes, la autoridad regulatoria ha confirmado que los lineamientos publicados en diciembre pasado siguen vigentes y que las empresas deben cumplir con las obligaciones establecidas para facilitar el registro de sus usuarios.

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