Han surgido numerosas críticas hacía la nueva Ley de la Guardia Nacional, pues faculta a la organización y al Ejército a acceder y procesar datos personales y de telecomunicaciones con fines de “inteligencia y seguridad pública”. Por ejemplo, podrán tener a la mano registros biométricos, bancarios, telefónicos y geolocalización en tiempo real sin la necesidad de solicitarlo previamente.
Pero esto ha generado muchas controversias, pues antes, estos actos eran considerados impensables, ya que la práctica simboliza algo anticonstitucional. Poner datos directamente en manos de fuerzas militares o armadas, sin solicitud previa o justificación es algo que incomoda a las organizaciones y especialistas en derechos digitales y ciberseguridad.
Entre sus funciones, la Guardia Nacional podrá realizar tareas encubiertas, intervención de comunicaciones privadas, vigilancia por internet y redes sociales, y todas estas funciones deberán estar supervisadas por el Ministerio Público, en un intento por establecer controles judiciales sobre estas actividades.
También se les permitirá solicitar datos a empresas de telecomunicaciones para fines de investigación, un punto que ha generado inquietud en sectores civiles por su potencial impacto en la protección de datos personales.
¿Qué busca esta reforma?
Según el gobierno federal, el objetivo es fortalecer la estrategia nacional de seguridad, aumentando la capacidad operativa y de inteligencia de la Guardia Nacional para enfrentar la violencia organizada, el narcotráfico y otros delitos que alteran la seguridad del país. El cambio y reivindicación de estas funciones busca mejorar la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales.
La ley conserva los objetivos originales de la institución: salvaguardar la vida, integridad, derechos y bienes de las personas, mantener el orden público y prevenir delitos. Sin embargo, lo hace ahora desde un enfoque más centralizado y con un perfil más cercano al de las fuerzas armadas.
Fuera de la “seguridad” que busca guardar, se cuestiona la militarización de la seguridad pública y el riesgo de abusos en labores de inteligencia sin suficientes mecanismos de rendición de cuentas. Aunque la ley establece la necesidad de supervisión judicial, se teme que la capacidad operativa de la Guardia Nacional crezca más rápido que su control institucional.
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