La posibilidad de que Google se vea obligada a desmantelar partes clave de su imperio tecnológico ha tomado fuerza tras el fallo del juez en su juicio antimonopolio, que determinó que la empresa ha mantenido un monopolio ilegal en el mercado de búsquedas. Según informes de Bloomberg, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) planea solicitar medidas drásticas, incluyendo la venta obligatoria del navegador Chrome, el más utilizado en el mundo. Este navegador ha sido señalado como un instrumento clave para promover los productos de Google y limitar el crecimiento de la competencia.
Google, bajo el paraguas de su empresa matriz Alphabet, es uno de los conglomerados tecnológicos más poderosos del mundo. Alphabet no solo controla el buscador más popular y Chrome, sino también Android, YouTube, Google Play y una creciente presencia en la inteligencia artificial con productos como Bard. Esta diversificación, aunque impresionante desde el punto de vista empresarial, ha sido objeto de crecientes críticas por parte de reguladores internacionales, quienes argumentan que esta estructura facilita prácticas anticompetitivas que sofocan la innovación y restringen opciones para los consumidores.
El DOJ no solo apunta a Chrome, sino también a otros aspectos del ecosistema Google. Entre las posibles regulaciones propuestas está la separación de Android de Google Search y Google Play, aunque no se prevé la venta de Android como tal. Además, se busca que Google comparta más información con los anunciantes y les otorgue mayor control sobre dónde aparecen sus anuncios. Otra medida clave sería ofrecer a los sitios web más herramientas para evitar que su contenido sea utilizado por los productos de inteligencia artificial de Google, una demanda que surge en medio del auge de estas tecnologías. Por último, se plantea prohibir los contratos exclusivos, un punto central en el caso antimonopolio.
Desde Alphabet, la postura ha sido firme en rechazar estas medidas. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, calificó las acciones del DOJ como una “agenda radical” que, según ella, va más allá de los problemas legales específicos planteados en el caso.
