La administración de Trump cada vez aplica más presión sobre las personas que buscan residir legalmente en Estados Unidos. En esta ocasión, la agencia que se encarga en revisar casos de inmigración legal conocida como USCIS (US Citizenship and Immigration Services) propuso una nueva política, la cual consiste en que todos los ciudadanos que apliquen a green card, ciudadanía, asilo o refugio político se someterán a una rigurosa investigación a través de sus redes socio-digitales.
Detrás de las políticas de inmigración
Esta propuesta podrá ser comentada por el público a través de comentarios abiertos hasta el 5 de mayo, es decir, 60 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal por la USCIS. Se estima que dicha política afectará a alrededor de 3,5 millones de personas. Las agencias gubernamentales envueltas en esta restauración de procesos avisan que esta órden es necesaria para proteger al país de terroristas y amenazas que afecten a la seguridad pública, ya se ha visto que el presidente Trump decidió nombrar el crimen organizado como terrorismo.
Ciertas agencias de gobierno como Departament of Homeland Security (DHS) necesita identificar todos los recursos que deberían ser utilizados para investigar y seleccionar de forma severa a los aplicantes. Kathleen Bush-Joseph analista de inmigración en el Instituto de Política de Migración, comentó a través del medio The Verge que realizar esta investigación es necesaria para estos tiempos de modernidad, los procesos actuales no son los adecuados para el siglo XXI.
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Preocupación por el futuro de los migrantes
Se puede suponer que estas limitaciones van en camino de reducir severamente la migración legal, así como lo propuso el grupo Fundación Heritage. Bush-Joseph agregó que es muy pronto para saber sí tener acceso a las cuentas de los aplicantes realmente afectará el estatus de las solicitudes. Hasta el momento muchas de ellas han sido declinadas o pausadas indefinidamente, por lo que se espera que las soluciones queden acordadas lo más pronto posible.
Beatriz López, directora del grupo a favor de la protección de los migrantes, cree que esto no es una política de inmigración justa, es más autoritarismo y vigilancia antidemocrática. Esta política inició en 2019 y se ha demandado que viola la primera enmienda, demostrando ser innecesaria para proteger intereses de seguridad nacional. Se defiende que las redes son espacios libres de expresión y comunidad, utilizarlos con este fin resultaría en una trampa de vigilancia, restringiendo la personalidad de cada individuo.
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