La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer la discusión de un proyecto correspondiente al cobro de un impuesto del 2% a repartidores de aplicaciones por el uso de infraestructura urbana de la Ciudad de México.
El proyecto resolutivo de la Ministra Lenia Batres Guadarrama estaba previsto para discutirse este jueves, pero el Ministro presidente del Poder Judicial, Hugo Aguilar Ortiz, pidió postergarlo, esto con la finalidad de escuchar todas las voces previo a la toma de una decisión.
La resolución de Batres iba a resolver el amparo en revisión interpuesto por Uber en contra de la constitucionalidad del Artículo 307 Ter del Código Fiscal capitalino. De acuerdo con la Ministra, las plataformas de entrega, al aprovechar la infraestructura urbana, deben contribuir económicamente, por lo que su propuesta sería anular el amparo para dar paso a la medida fiscal.
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Desde horas antes, varios repartidores se manifestaron a los alrededores de la sede de la Suprema Corte, en el Centro Histórico de la CDMX, para exigir el freno del impuesto. Los inconformes fueron recibidos para sostener una reunión y la entrega de un oficio con la explicación de las repercusiones de dejar avanzar esta acción.
Ellos explicaron que actualmente pagan 13% de sus ingresos que van en seguridad social y prestaciones, esto en consecuencia de la implementación de la Reforma a la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, en caso de que siguiera esta medida, ellos pagarían 2% más, es decir, 15% de lo que perciben.
Sin embargo, los ministros argumentaron que este impuesto del 2% está vigente desde el 2022, por lo que la aprobación del dictamen de Lenia Batres no implicaría nuevos cobros adicionales sobre los actuales.
El asunto volvió a ser turnado a la Ministra Lenia Batres, quien ahora deberá decidir si mantiene su proyecto original o presenta alguna modificación.
Esta tarde recibimos a repartidoras y repartidores de Uber, para escuchar sus puntos de vista sobre el cobro de un aprovechamiento en la Ciudad de México: pic.twitter.com/ypRADem0eu
— Lenia Batres (@LeniaBatres) October 10, 2025
Plataformas piden frenar el gravamen
Alianza In México, la asociación que conjunta a plataformas digitales como Uber, Diddi y Rappi, pidió a la Suprema Corte considerar los impactos negativos de rechazar el recurso de amparo 681/2022 interpuesto por Uber.
A través de un comunicado, la organización acusa que la medida “da un trato fiscal discriminatorio con respecto a otros prestadores de servicios similares y pone en duda el cumplimiento de México de sus compromisos comerciales internacionales”, particularmente el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Además, alertaron que el aval del gravamen no sólo impactaría a las propias plataformas, sino que afectaría a los repartidores, pequeños y medianos negocios que “dependen en buena medida de esta modalidad de reparto y a los millones de consumidores”.
Al Artículo 307 Ter del Código Fiscal capitalino le fue añadido un párrafo durante la discusión de la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, esto ante la incertidumbre de si repartidores y usuarios serían afectados por este cobro. El texto dice lo siguiente:
“El aprovechamiento a que se refiere este artículo es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía [...]. Tampoco son sujetos de este Aprovechamiento las personas físicas y morales que directamente administren la oferta y entrega de los bienes que comercialicen”.
La solicitud de amparo por parte de Uber se alinea con la que obtuvo Cargamos Mobility en junio de 2025, cuando la Suprema Corte consideró esta medida como inconstitucional:
“La Segunda Sala negó el amparo al Gobierno local y validó la sentencia, al concluir que el cobro sí es un impuesto. Además, determinó que el Congreso local de la CDMX no tiene facultades para legislar sobre comercio electrónico ni imponer este tipo de contribuciones”.
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