Puerto Rico pudiera beneficiarse económicamente del indulto a los convictos por posesión simple de marihuana de cara al futuro y al mismo tiempo beneficiar al sector laboral del País ante la falta de mano de obra, según indicó el economista Adrián Alós.
Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden anunció la concesión de clemencias ejecutivas a confinados por posesión simple de marihuana, mientras que el gobernador Pedro Pierluisi dijo estar en contra de encarcelar a usuarios de la droga porque su enfoque para estos casos debe ser salubrista.
“En términos de costo para el Estado, pues obviamente, sería un ahorro. El Estado no tiene que estar manteniendo personas que bajo otras circunstancias hoy día hubiesen podido tener una licencia de cannabis medicinal y probablemente no hubiesen tenido ningún tipo de problema. En términos del ahorro, es válido y representa un beneficio claro”, dijo Alós.
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De acuerdo con la información compartida por la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, cada confinado le cuesta al País $42,226 anuales, dato que incluye a aquellos que son arrestados por el delito en discusión.
“El servicio que hay que darle es básicamente el mismo a todos, no importa el delito por el cual está. Sea uno menos grave, sea uno de cinco días de pena de prisión o sea uno de 99 años, hay que incluirlos dentro de todos los servicios de la población correccional”, expresó Escobar Pabón.
Hasta el día 17 de agosto, la agencia corroboró que en Puerto Rico no había ninguna persona encarcelada bajo el Artículo 404 por posesión ilegal de cualquier tipo de sustancias. La secretaria informó que las 222 personas convictas por el delito cumplen libertad a prueba o probatoria.
“Están en la comunidad 222 personas y uno de ellos está por servicios comunitarios. En prisión, hasta ahora no se me ha certificado ninguno”, aseguró.
Por su parte, Federico Hernández, director de la Asociación de Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MICaM), catalogó la acción del presidente estadounidense como un acto de justicia para las comunidades desaventajadas que son las que suelen cumplir por este tipo de pena.
“Las estadísticas de las personas encarceladas en Estados Unidos por consumo de cannabis son la minoría. Estamos hablando de personas afroamericanas, los hispanos y las comunidades marginadas son las más que sufren, porque no tienen recursos para tener unas defensas legales correctas”, expresó Hernández.
Asimismo, expuso el riesgo para la actividad económica de la Isla que provoca el que el gobernador no despenalice el cannabis, incluso para las personas con la licencia para consumir esta droga de forma medicinal, de esta estar vencida.
“Si te detienen y no tienes una identificación vigente de cannabis, te procesan criminalmente, dañando el récord de una persona productiva en la sociedad que puede estar trabajando. El Estado gasta dinero, las personas gastan dinero y le dañan la moral a la persona. Es devastador que todavía en Puerto Rico el cannabis sea ilegal”, dijo Hernández.
En Puerto Rico, organizaciones como MICaM y otras, han abogado por años por la descriminalización total de la marihuana, cuyo uso hasta el momento es únicamente legal para pacientes de cannabis.
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