El gobierno mexicano espía a sus ciudadanos violando los principios de derecho a la privacidad y el debido proceso. Esa es la conclusión de un reportaje publicado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en colaboración con Aristegui Noticias por la abogada y activista Gisela Pérez de Acha. De acuerdo con la investigación, que retoma la filtración en julio de 2015 de Wikileaks sobre la compra de software de espionaje por el gobierno mexicano a la compañía italiana Hacking Team, la ausencia de controles permite que entidades del gobierno federal y estatal espíen a los ciudadanos y peor aún, lo hagan sin contar con las facultades legales para ejercer tareas de vigilancia a través del software para ciberespionaje conocidos como Galileo y DaVinci.
El reportaje de la R3D destaca que durante la administración de Enrique Peña Nieto ha habido un crecimiento exponencial de las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas. El reportaje explica que en 2013 las compañías de telefonía móvil del país reportaron un total de 44 mil 599 solicitudes equivalentes a datos de comunicaciones de 117 mil 262 usuarios. Las cifras, explica la R3D, representan un incremento del 41.7% respecto del número de solicitudes de 2012. Además, el reportaje hace énfasis en la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en sus artículos 189 y 190 obliga a las operadoras telefónicas a almacenar datos referentes a comunicaciones privadas, tales como cuándo, dónde, con quién y por cuánto tiempo se estableció una conversación. La organización explica que esta disposición es violatoria del debido proceso pues faculta a organizaciones que la misma ley no define a acceder a estos datos sin orden judicial.
La R3D señala que aunque existe evidencia suficiente de que entidades del gobierno federal o estatal han utilizado las herramientas de Hacking Team, no se ha iniciado ningún tipo de investigación. “El Gobierno de Puebla utilizó el software de Hacking Team para espiar a adversarios políticos, incluso dentro de su propio partido. Esta información no ha merecido acción alguna de ninguna autoridad, ni siquiera de los institutos políticos afectados, lo cual revela la trama de complicidades que sostiene el gran negocio del espionaje en México”, consigna el reportaje.
México, quien más compró a Hacking Team
En julio de 2015, una filtración de Wikileaks con al menos 400GB de información de la empresa italiana Hacking Team demostró que entidades del gobierno mexicano compraron software para ciberespionaje. Nueve meses después de la filtración, el reportaje de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consigna que de los 13 gobiernos latinoamericanos que compraron software a Hacking Team, México es quien más software compró desembolsando un total de 6 millones 537 mil dólares. La compra, destaca la investigación, se realizó sin licitación y con opacidad “cobijada por conceptos como el de ‘seguridad nacional’”.
La R3D también señala que la mayoría de las entidades gubernamentales que compró software para ciberespionaje a Hacking Team no están facultadas para realizar labores de vigilancia. La investigación señala que en el caso de gobiernos estatales, las administraciones de Jalisco, Yucatán, Durango y Campeche “compraron estos programas para las oficinas del gobernador y estas oficinas no tienen permitido operar el equipo de espionaje”. Un caso similar se presenta con Petróleos Mexicanos (Pemex), quien tampoco tiene facultades para operar equipo de espionaje. De los clientes mexicanos de Hacking Team, solo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Policía Federal (PF), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Procuraduría General de la República (PGR) están facultadas para ejercer labores de espionaje.
El reportaje de R3D destaca que aunque existen dependencias gubernamentales facultadas para ejercer ciberespionaje, son necesarios mecanismos de control democrático que establezcan límites al uso de herramientas como las compradas a Hacking Team. El reportaje concluye que “en un país en donde la diferencia entre el Estado y la delincuencia es frecuentemente inexistente, la aceptación de la vigilancia sin el establecimiento de controles democráticos no solo afecta la privacidad, sino que compromete la vida y seguridad de todas las personas.”
El reportaje publicado por R3D y Aristegui Noticias puede ser consultado en los siguientes enlaces:
La vigilancia en México, fuera de control: R3D
Equipo de espionaje en México: sin control legal suficiente ni transparencia
Violar la privacidad digital: el sueño que Hacking Team cumplió en América Latina (Video)